LEY N° 13.047 - Reflexiones acerca de su vigencia

LEY N° 13047

Reflexiones acerca de su vigencia
Por el Dr. Carlos José Galli

PARTE I

1. Antecedentes
La Ley 13.047, sancionada el 29 de setiembre de 1947 y promulgada por Dec. N° 30.931 del 4 de octubre del mismo año, ha sido y todavía lo es, uno de los factores más importantes del desarrollo de la educación argentina de gestión privada. Sus disposiciones constituyen el “Estatuto del Docente Privado”.
El Consejo Gremial de Enseñanza Privada, creado por su artículo 30, funciona en el ámbito del Ministerio de Educación. Este le otorga apoyo administrativo y designa a cuatro de sus miembros. Los otros dos representantes oficiales son nominados por el Ministerio de Trabajo de la Seguridad Social. La representación gremial cuenta con tres delegados y un número igual constituye la representación patronal.
El Consejo Gremial está presidido por un funcionario designado por el Poder Ejecutivo Nacional aunque actualmente, y por delegación expresa, la designación es efectuada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Este Consejo como órgano de aplicación fiscaliza las relaciones de trabajo y resuelve todos los asuntos no previstos en la Ley.
En los últimos años y en diversas ocasiones se han producido cuestionamientos acerca de la vigencia de la ley y de la necesidad de mantener en funcionamiento al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, surgidos de diversas interpretaciones relativas a las consecuencias de haber transferido los servicios educativos nacionales a las provincias; a la conveniencia de derogar todos los estatutos especiales y, por ende, a la necesidad de obtener una Convención Colectiva de Trabajo para los docentes de los establecimientos de gestión privada – Esta posición se ha actualizado públicamente con la sanción de la Resolución N° 175/02 de la Secretaría de Trabajo.
Como no compartimos tales opiniones, para rebatirlas analizaremos separadamente las circunstancias que les dieron origen y los criterios que las fundamentan.

2. Las consecuencias de las transferencias de los servicios educativos nacionales a las provincias.
2.1. Cabe señalar que algunos juristas entienden que al producirse tales transferencias, “como los institutos de gestión privada dejaron de estar adscriptos o incorporados a la Nación, al quedar sometidos a las legislaciones provinciales dejaron de estar comprendidos en la ley 13.047 y a la ley 14.473 que es el Estatuto del Docente Nacional”.
Si bien la última conclusión relativa a la ley 14.473 es cierta, nos permitimos disentir con los demás, porque todos esos convenios contienen una cláusula similar por la cual las provincias se comprometieron a garantizar “los derechos emergentes de la normativa nacional sobre la materia: Ley 13.047, Dec.N°371/64, Dec. N° 2542/91 y Dec.N°940/72 sus modificatorios y concordantes”.
No se nos escapa que en el Convenio con la Provincia de Córdoba esa obligación quedó condicionada para cumplirla sólo “en todo lo que se compatibilice con la legislación de la Provincia en la materia”. Pero, aún así entendemos que si bien aquellos tres decretos citados podrían modificarse, manteniendo su esencia, para adecuarlos a la legislación escolar de las provincias, lo que ya se ha hecho en algunas jurisdicciones, los contenidos de la ley 13.047 no podrían ser desconocidos ni modificados por cuanto integran la legislación laboral argentina.
Debe tenerse en cuenta que toda la doctrina constitucional y la jurisprudencia están acordes en que la legislación laboral y previsional ha sido delegada por las provincias a la Nación, según surge de los artículos 14 bis y 75 inc.12 de la Constitución Nacional. Su sanción es una atribución exclusiva del Gobierno Federal que no puede ser ejercida por las provincias ni por la Ciudad de Buenos Aires. ( Ya en dos oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha calificado como inconstitucionales a leyes sancionadas por la Provincia de Buenos Aires en materia de previsión social y de asistencia social .

2.2. Admitimos que tal atribución indelegable podría chocar de alguna manera con las otorgadas a las provincias por los art. 5°, 121 y 122 de la Constitución Nacional, en cuya virtud aprueban estatutos y normas laborales para sus docentes estatales, los cuales en virtud de lo determinado por las leyes 13.047, 24.049 y 24.195, deben regir también para los docentes de los institutos de gestión privada, siempre que tales disposiciones no alteren la naturaleza de la “relación de empleo privado” que los vincula con los propietarios de esos institutos según lo expresa el art.31 de la ley 13.047.
Precisamente por tal motivo se ha considerado la necesidad de contar con un organismo como es el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, con competencia suficiente para distinguir, en cada caso, los campos de aplicación de las normas, según su propia naturaleza. Es decir, cuándo corresponden sólo al sector privado, cuáles son propias del Gobierno Nacional y cuáles atribuciones están reservadas a las provincias. Y en ese caso, cómo pueden ser incorporadas a la legislación laboral nacional para lograr su plena vigencia .
Creemos que una tarea tan compleja no puede quedar librada al resultado de negociaciones colectivas a celebrarse en las veinticuatro jurisdicciones locales y que pudieran incluso contradecirse. Y que es necesario posibilitar que un ente delegado por el Gobierno Nacional con suficiente competencia jurídica, pueda homogeneizar criterios y armonizar las diversas posiciones que al respecto se susciten.

2.3. Quede claro pues, que si bien la legislación laboral a la que están sujetos los establecimientos oficiales transferidos por la ley 24.049, está referida al régimen de trabajo de los docentes de gestión estatal, por pertenecer a la Administración Pública de cada provincia y, por ende, excluídas de la Ley de Contrato de Trabajo, ese régimen oficial no puede ser aplicado automáticamente a los docentes privados. Puesto que los Estatutos del Docente de cada jurisdicción rigen para ellos con carácter subsidiario, debido a la equiparación consagrada en el art. 11 de la ley 13.047 y con las limitaciones que surgen del texto de su art. 31, inciso 1, las que deben ser consideradas caso por caso, por aquel organismo de aplicación.

2.4. Esta interpretación respetuosa de nuestro sistema institucional ha sido recogida por el Congreso Nacional al sancionar la ley N°23.838 del 9 de octubre de 1990 que dice: “Art. 1° Incorpórase a la Ley 13.047 como artículo 20 bis el siguiente: “Art. 20 bis: El Estado Nacional reconoce a las provincias la facultad de incorporar a los docentes privados a sus propios sistemas previsionales en igualdad de condiciones con los docentes oficiales de su jurisdicción”, etc., etc.
Art. 2° El Poder Ejecutivo procederá al reordenamiento de la ley 13.047 de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.
Vale decir que se ha necesitado modificar el Estatuto del Docente Privado cuyo personal debía aportar al Sistema Nacional de Seguridad Social para que tales docentes pudieran jubilarse por los sistemas provinciales que los admitieran.
Quedaron resclarecidas así, algunas dudas, por cierto legítimas, acerca de la posible vigencia de la ley 13.047 para el personal docente de los institutos privados, denominados comúnmente como “históricos” por haber sido reconocidos o incorporados por las provincias antes de la sanción de la ley 24.049. (Como lo fueron las escuelas primarias y los jardines de infantes de gestión privada reconocidas por las provincias en virtud del art. 5 de la Constitución Nacional y unos pocos institutos de otros niveles incorporados a ellas en el ejercicio de las facultades concurrentes que surgían de los artículos 5, 67, inc.11, 104 y 108 de la Constitución Nacional antes de su reforma).
Ese problema se había suscitado porque, a pesar de la definición amplia del artículo 1° de la ley 13.047, al describir su propio universo, su artículo 2º omitió referirse a aquellos institutos “históricos”. Quizás por un excesivo respeto al texto del art.5º de la Constitución Nacional que obliga a las provincias a ” asegurar la educación primaria” como una de las condiciones para garantizar el goce de sus derechos y el ejercicio de sus instituciones.
No obstante, como la obligación de cumplir la legislación preexistente a la transferencia de los servicios nacionales, contenida en los Convenios suscriptos en cumplimientos de la ley 24.049, se refería solamente a los “institutos privados transferidos” parecía lógico que, por razones de coherencia y de igualdad de trato, los docentes de las ” escuelas privadas históricas” principalmente primarias, no pudieran seguir quedando afuera del “Estatuto del Docente Privado” que siempre protegió a los otros. Pero, evidentemente, faltaba una decisión legislativa, que subsanara la inconstitucionalidad que fue advertida al analizarse el tema de los servicios previsionales. La que, como hemos dicho se produjo con la sanción de la ley 23838, en el marco de la ley 13.047.
Es decir que, por interpretación auténtica de la ley ( que es la que realiza el Poder Legislativo con relación a las leyes que ya ha sancionado) quedó definido que, como aquí se sostiene:
a) La legislación del trabajo y la legislación previsional, incluída la referida al personal docente privado es de incumbencia del Gobierno Nacional salvo autorización expresa del legislador nacional y ” las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella” en virtud de lo determinado en el artículo 31 de la Constitución Nacional.
b) Ha sido voluntad del Gobierno Nacional mantener la vigencia de la ley 13.047 y ampliarla a todos los docentes del país para posibilitar en todo cuanto fuera posible la equiparación ya reconocida.
c) Superando interpretaciones anteriores, también los docentes ” históricos”, que no estaban antes mencionados, ahora han quedado regidos en materia laboral y previsional por la ley 13.047.
(Si no fuera así, los docentes provinciales de los niveles inicial y de enseñanza general básica de la gestión privada provincial no podrían jubilarse por los sistemas previsionales de su jurisdicción, como lo están haciendo gracias a lo dispuesto en el artículo 20 bis de la ley 13.047 y que remedió aquel vicio declarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación In re:”Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés y otros c/ Buenos Aires Provincia y otra s/ declarativa” (A362 orig.) del 30 de marzo de 1989. Ya citada en una nota anterior.

2.5. Consecuentemente, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada y sobre la base de la doctrina del art. 20 bis de la ley 13.047, en su Resolución Nº 66/92 ha ratificado la plena vigencia de la ley 13.047 en todo el país y para todos los niveles de enseñanza.

2.6. También lo ha reconocido el “Convenio Marco sobre Educación Pública de Gestión Privada” suscripto por la unanimidad de los integrantes del Consejo Federal de Cultura y Educación en su resolución Nº 119/99, que, por tal causa, dispuso que los representantes oficiales en el Consejo Gremial fueran propuestos por las provincias.

3. La posibilidad de derogar la Ley 13.047
Ya dijimos que, cuando se decidió derogar a los estatutos profesionales que no se habían originado en convenciones colectivas de trabajo, dicho proyecto, originado en el Ministerio de Economía que incluía a la ley 13.047, fracasó por intervención personal de la ex – Ministra Lic. Susana Decibe, a pedido de la Coordiep. Se advirtió entonces, que dicha ley debía mantenerse por cuanto sus contenidos excedían las notas de un estatuto profesional. Y también por la inconveniencia de someter exclusivamente las relaciones de trabajo de los docentes de los institutos de gestión privada a la Ley de Contrato de Trabajo y a las convenciones colectivas reguladas por la ley 14.250.
Para ello se tuvo en cuenta: Primeramente: la equiparación del “estatus” de tales docentes al de los docentes oficiales de cada jurisdicción, según lo dispuesto en el artículo 11 de la mencionada ley 13.047, en el artículo 23 de la Ley 24.049, y en los artículos 38 y 46 de la Ley Federal de Educación Nº 24.195.
En segundo lugar la conveniencia de mantener al Consejo Gremial de la Enseñanza Privada (art.27 y siguientes) como ámbito de convergencia y articulación de los diversos estatutos particulares con la legislación laboral nacional y de los intereses de los dos protagonistas del quehacer del sector con los propios de los estados que asumen parte de su financiamiento.
Y, además, debido a sus originales creaciones: El Registro de Establecimientos Privados y su clasificación en tres categorías (art.2); La facultad otorgada al Poder Ejecutivo para reglamentar procedimientos relativos al ingreso y promoción de los alumnos de institutos privados, hasta esa fecha únicamente reservados a la gestión oficial (art. 5); La primera reglamentación sobre títulos habilitantes para ejercer la docencia (art.8); El régimen de disponibilidades (art.16*); El régimen de aporte estatal que creara y que en su esencia se ha mantenido hasta la fecha (art. 22 a 25); El régimen de becas obligatorias (art.26*); La distribución de los ingresos a los efectos del pago de los sueldos, sobre cuya base está fundado el actual régimen de aranceles y obliga al propietario a destinar el 60% de los ingresos correspondientes por aranceles programáticos para abonar los sueldos del personal de la planta funcional (art. 21*) – El propio régimen previsional ( art. 20 bis). (* actualmente se mantienen).
Finalmente señalamos por su importancia, al “ régimen especial de estabilidad impropia” que, si bien admite el despido con indemnización por discrecionalidad patronal ( art. 14 Ley 13.047) solo excluye del crédito indemnizatorio al docente cuya culpabilidad fuese probada por sumario sustanciado por autoridad competente ( art. 13 Ley 13.047) .

4. La conveniencia de contar con un Convenio Colectivo de Trabajo para la Enseñanza de Gestión Privada:
En este sentido la posición de todas las entidades propietarias, coordinadas por la Coordiep en estos últimos 15 años, ha sido siempre la misma: Una oposición cordial pero firme, la cual no se basa en la adverción a suscribir convenios colectivos de trabajo ni al temor por sus posibles consecuencias. Sino en la equiparación reconocida en el art. 11 de la Ley 13.047
(Vale recordar que con relación al personal administrativo, de maestranza y servicio, de los establecimientos privados, reconocidos o no, las entidades patronales tienen vigentes dos Convenciones Colectivas de Trabajo (La CCT Nº 88/90, que es la continuadora de la suscripta en 1957, con SADOEP – Sindicato Argentino de Obreros y Empleados de la Enseñanza Privada tiene vigencia en Capital, Gran Buenos Aires y Ciudad de la Plata y la CCC Nº 318/99 con SOEME ( Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de Educación y de la Minoridad que rige para el resto del país).
Es que tales empleados carecen del “estatus docente” y sus tareas no están equiparadas a las que se cumplen en la administración pública provincial – Resulta obvio señalar que por tales razones nada obsta y por el contrario resulta necesario y conveniente suscribir tales convenios.
Nuestra posición está abonada por reiterada jurisprudencia administrativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no sólo relativa a las funciones específicas del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, sino también respecto de la incompatibilidad esencial que existe entre su funcionamiento regular con la posibilidad de concertar convenciones colectivas de trabajo para los docentes de nuestro sector sean de planta funcional incorporada o sean de institutos o secciones no incorporados .
Ello no supone que nos opongamos sistemáticamente a que el sector pueda convenir con el Sadop “acuerdos particulares” sobre otros asuntos no contemplados por el Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Que, por cierto, son muy pocos, dado que en sus 55 años de existencia ese Consejo, integrado siempre con la representación de Sadop, ha reglamentado casi todas las situaciones laborales llevadas a su seno y derivadas de la organización escolar de cada uno de los servicios educativos de cada nivel.
Tanto es así que el sector patronal, en su integridad, se avino a concertar con Sadop el “Acuerdo del día 4 de noviembre de 1999”, en cuyo artículo 6º se admitió “que las partes (además del objeto especifico de tal acuerdo, concertado para resolver la situación de los docentes que estaban excluídos del fondo de desempleo, la que ya ha sido superada) podrían seguir tratativas en el “marco de las disposiciones de las leyes Nº 13.047, 14.250 y normas complementarias”. Sus conclusiones deberían “ser puestas a consideración del Consejo Gremial de Enseñanza Privada” antes de su homologación en el Ministerio de Trabajo.
Evidentemente la disposición del sector patronal de admitir “tratativas sobre asuntos propuestos por las partes” en el marco de las dos leyes citadas, y con la intervención del Consejo Gremial de Enseñanza Privada no puede considerarse como consintiendo el procedimiento descripto en los artículos 1 y 2 de la ley 14.250, ni tampoco a tales tratativas como una “negociación colectiva” para pactar una Convención Colectiva de Trabajo .
Sostenemos pues que las notas esenciales de toda convención colectiva de trabajo no tienen cabida en el actual régimen jurídico, institucional y laboral de la educación de gestión privada – y esto por las siguientes razones:
a) Los sueldos mínimos. Están regulados por el artículo 38 de la ley 24.195 (Federal de Educación), equiparándolos a los oficiales de cada jurisdicción. Debido al régimen del aporte estatal fijado por el Dec.2542/91 y que fué asumido por las provincias y la Capital Federal por los convenios dispuestos por la ley 24.049, resulta imposible a los institutos del sector que reciben esos aportes de los estados provinciales, pactar sueldos mayores que los oficiales. Puesto que la razón de ser ese régimen, además de garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, es la de “contribuir al pago de los sueldos fijados en cada jurisdicción”. Por lo cual la liquidación por parte del instituto de una plus implicaría la pérdida del beneficio concedido.
Por otra parte se ha hecho carne en toda la docencia del país que los docentes oficiales o privados de cada jurisdicción a igualdad de trabajo perciban el mismo sueldo.
b) Las licencias del personal docente La equiparación dispuesta por el artículo 11 de la ley 13.047 que obliga a los institutos de gestión privada a cumplir con los regímenes jurisdiccionales.
c) El ingreso y ascenso por concurso. Están excluídos de los regímenes oficiales por imperio del artículo 46 in fine de la Ley Federal de Educación .
d) La misma exclusión rige con relación al ejercicio de la libertad de cátedra, por cuanto los docentes deben sujetarse a lo que disponen el Ideario y el Proyecto Educativo Institucional de cada unidad escolar .
e) El régimen disciplinario está regido por la LCT. Además, la estabilidad absoluta que rige en los estatutos oficiales no comprende a los docentes privados, cuyo régimen es el determinado por los artículos 13,14 y 31 – inc.1 de la ley 13.047 .
Ante la situación creada por la sanción de la Res. 175/02 de la Secretaría de Trabajo por prudencia no efectuaremos ningún otro comentario. Baste lo expuesto hasta aquí para inferir cuál es nuestra posición personal.

PARTE II
5. Nuestro Criterio.
Entendemos haber desvirtuado así aquellos cuestionamientos señalados en el Capítulo Primero.
Resumiendo, podríamos decir que si bien muchas de sus normas han caído en desuso, circunstancias similares a las que motivaron la sanción de la Ley 13047 y, especialmente, las nuevas situaciones creadas por los procesos de descentralización y de transformación educativa, imponen la necesidad de mantener su cuerpo normativo, remozándolo y adecuándolo a la realidad actual.
Para fundamentar este criterio si aún no alcanzara lo dicho, conviene remitirnos a los antecedentes de la Ley 13047 y del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, destacar su contribución al desarrollo pacífico del sector en todo el país y los beneficios que sus reglamentaciones significaron.

5.1. Su naturaleza.
Sostenemos que la ley 13047 ha sido una de las elaboraciones del derecho del trabajo más originales y perdurables de todas las sancionadas a partir del año 1946.
Su necesidad y actualidad han sido confirmadas recientemente al operarse la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias, puesto que como hemos demostrado, todos los convenios suscritos en cumplimento de la Ley 23049, han obligado a las provincias a mantener los derechos reconocidos por aquélla.
Conviene recordar la época en que fue sancionada la Ley 13047. En momentos en que se estaba gestando la modernización de la antigua legislación laboral, a la que todavía se la denominaba como “el nuevo derecho”, se sancionaban los primeros estatutos profesionales y se promovía la concertación “empresarial-sindical” por la vía de las convenciones colectivas de trabajo.
En ese marco, el legislador se propuso regular el contrato de trabajo del personal de los establecimientos privados mediante normas específicas que las distinguieran del primitivo estatuto de los empleados de comercio creado por la ley 11.729. Y que, además posibilitara su equiparación con los derechos y obligaciones de los agentes oficiales de la educación en todo aquello que no repugnara a la naturaleza jurídica de “la relación de empleo privado” (son palabras de la ley) sobre la que habría de legislarse. Aspiración constante de toda la docencia argentina, sin distinción de sectores.
La tarea no resultó fácil porque debieron salvarse diversas dificultades:
a) En primer lugar, trasladar y adaptar al ámbito privado instituciones del derecho administrativo (por ejemplo la aplicación del régimen de incompatibilidades) cuando aún no se contaba con un cuerpo coherente y comprensivo del estatuto oficial al cual remitirse.
b) A dicha dificultad se unió otra, derivada del dinamismo de los procesos educativos que no se compadece con las rigideces inevitables de toda cristalización normativa. Había que posibilitar, entonces, la armonización permanente de los contenidos de un estatuto orgánico con las futuras necesidades y las consiguientes innovaciones en las modalidades de la labor docente. Debía arbitrarse entonces un sistema abierto que posibilitara dar respuesta inmediata a las necesidades normativas que se fueran produciendo.
c) El tercer obstáculo, no por ello menos relevante, estaba dado por la imposibilidad de dejar solamente en manos privadas: las de las entidades patronales y sindicatos, la regulación de una actividad que debía integrarse plenamente al sistema educativo nacional. Y que, si bien no debía estar – como lamentablemente sucedía- a la zaga de los beneficios reconocidos a los docentes oficiales, tampoco podría superarlos por obvias razones de sentido común que hacen a la organicidad de un sistema. La participación estatal quedó justificada, además, por la necesidad de liquidar y controlar el uso de la contribución para el pago de los sueldos del personal docente privado. Que es la innovación más revolucionaria de la Ley 13.047, hoy confirmada por el art. 37 de la Ley Federal de Educación .
Para superar aquellos tres problemas, el legislador optó por desechar el mecanismo
de las convenciones colectivas de trabajo, creando, en cambio, como ya dijimos, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, otorgándole la facultad de pronunciarse en todo aquello que no hubiera sido contemplado en las disposiciones de la ley 13.047. Es por tal razón que el legislador le confirió -mediante otra avanzada innovación- atribuciones normativas que habitualmente no se delegan en organismos administrativos, tales como:
- 1º Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la presente Ley.
- 2º Resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y condiciones de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente Estatuto.
Su integración mixta con personal especializado, conocedor de todas las facetas de la actividad docente y con suficientes atribuciones, dotó a dicho Consejo de la necesaria flexibilidad requerida por la variabilidad de los procesos.
La defensa de los derechos del sector patronal y del sector docente quedó equilibrada puesto que ninguno de los dos sectores tiene preponderancia sobre el otro ya que cada uno cuenta con tres representantes. La superioridad de la representación oficial se justifica por la necesidad de imponer el necesario equilibrio entre los intereses de ambas partes y al mismo tiempo defender los intereses estatales.

5.2. Los logros obtenidos para la docencia privada.
Merced a la segunda de las atribuciones del artículo 31 quedó abierta la posibilidad de regular en tiempo y forma modalidades de trabajo que aún no estaban suficientemente pautadas para los docentes privados, como así también las que debieran crearse en el futuro, aplicando la ley 13.047.
Así lo hizo el Consejo Gremial de Enseñanza Privada con criteriosa prudencia a lo largo de casi cincuenta y cinco años.
Vale citar como ejemplo:
a) Gozar del mismo Régimen de Licencias que los docentes oficiales incluso para realizar estudios en el extranjero o por razones particulares.
b) Las licencias por cargos de mayor jerarquía.
c) El régimen de tareas pasivas.
d) El pago directo e inmediato de las licencias por maternidad.
e) La excedencia, como licencia sin goce su sueldo.
f) Las licencias del docente extraprogramático, distintas en parte a las de la LCT.
g) Los regímenes de trabajo discontinuo manteniendo una relación laboral permanente.
h) El otorgamiento de una beca anual de estudios para un hijo del docente en el mismo lugar de trabajo.
i) La garantía del sumario previo para el despido con causa, con dictamen del Consejo Gremial, para asegurar el derecho de defensa del imputado.

Las respectivas resoluciones, por su origen y su carácter específico, participan también de una naturaleza jurídica similar pero distinta a las contenidas en los convenios colectivos de trabajo. Puesto que el Estado, a través de sus representantes como ya se ha dicho tiene un rol decisivo en su discusión y posterior aprobación. El imperio de tales actos enumerados en el artículo 31, ya citado, surge del texto mismo de la Ley, mediante una delegación no común y un tanto arriesgada pero que ha funcionado bien y con éxito desde su creación hasta nuestros días .
Esta vía de la concertación participativa, entre el Estado y los particulares, para regular las modalidades específicas del contrato de enseñanza privada, posibilitó que nunca se suscitara ningún conflicto colectivo de trabajo por problemas originados en el propio sector.
Finalmente cabe consignar que debido a la primera de las atribuciones del art. 31 ya mencionado, el Consejo Gremial se constituyó en un organismo especializado de policía del trabajo, e incluso en un organismo jurisdiccional con facultad para multar a los institutos que violasen sus disposiciones. Ya que la aplicación del procedimiento de los artículos 33 y 34 de la Ley 13.047 posibilitó un medio rápido y eficaz para obtener la rectificación de los propietarios o principales de la relación laboral cuando se hubiesen desconocido los derechos de sus docentes y empleados.
Dicho proceder evitó infinidad de juicios y posibilitó también acuerdos conciliatorios, sin llegar al estadio de las sanciones .

5.3. Los aportes realizados para la construcción del subsistema de gestión privada.
Los señalamos suscitamente:
a) La contribución del Estado para el pago de los sueldos del personal docente.
b) El instituto de la “disponibilidad ” en los casos determinados por el art. 16 de la ley para evitar el despido del personal más antiguo en caso de inactivaciones.
c) Un régimen especial de asignaciones familiares. ( Res. Secretaria de Seguridad Social Nº71/99).
d) La exclusión del pago de contribuciones para el fondo de desempleo sin mengua de los derechos de los beneficiarios ( Resolución Secretaria de Seguridad Social Nº 47/01).
e) La exención de liquidar sumas no remunerativas sin efectuar aportes ni contribuciones al Estado para el personal docente privado en idénticas condiciones a las abonadas al
personal programatico oficial. (Res. Consejo Gremial de Enseñanza Privada Nº 129/97).
f) La posibilidad de homologar acuerdos laborales justos en un ámbito especifico.
g) La certificación gratuita de los libros a que obliga la Ley de Contrato de Trabajo ( Doctrina Procuración del Tesoro N°983/77 – Exp. MT y SS N°12612/77.

6. Necesidad de reformar la Ley 13.047
Si bien, muchas de sus normas han sido sustituídas o modificadas por leyes posteriores, por todo lo expuesto y como ya dijimos, entendemos que conviene que lo esencial de la ley mantenga su vigencia.
Por otra parte muchas de las resoluciones de todo el cuerpo normativo originado en el Consejo Gremial podrían quizá pasar a integrar su contenido. Esta es una labor que el sector debería encarar con prioridad.
En cuanto a la constitución y organización del Consejo Gremial deberían efectuarse algunas reformas absolutamente necesarias:
a) Ocurre que, mientras los institutos comprendidos en su competencia integraban la jurisdicción nacional, tenía sentido que el Consejo Gremial manejara todos los asuntos que se le confiaran desde la Capital Federal.
b) Hoy es indispensable que, para cumplir el poder de policía que se le ha delegado, y brindar en todo el país sus servicios, el Consejo Gremial, mediante acuerdos con las provincias deba establecer delegaciones regionales que en conjunto podrían funcionar como un sistema, sin mengua de las particularidades regionales.
c) La dotación de inspectores, que durante muchos años tenia el Consejo Gremial ya no existe – Nunca el Ministerio de Educación repuso sus cargos vacantes. Habría que lograr nuevos nombramientos.
d) Otro problema lo constituye la instrucción de los sumarios del artículo 13 de la ley 13.047, que hoy está suspendida por falta de conocimiento de las autoridades provinciales. Circunstancia que obliga a promover un acuerdo en el Consejo Federal de Cultura y Educación.
Asimismo las representaciones gremiales y patronales podrían obtener mayor peso sin que se desnaturalice la propia razón del cuerpo.

7. Conclusiones.
No parece recomendable que las entidades patronales opten por un sistema distinto al analizado, que llevaría al sector a lidiar con los Ministerios o Secretarias del Trabajo de cada jurisdicción, que son legos en materia educativa.
Lo más sensato seria extender los demás beneficios que ahora, y por las razones expuestas, reciben aproximadamente el 55% de los colegios, a todo el sistema nacional, mediante reformas como las propuestas precedentemente.
Esas reformas también beneficiarían a los sindicatos correspondientes, puesto que el cumplimiento de las obligaciones patronales podría ser controlado por el mismo Consejo en el ejercicio de su poder de policía o en las delegaciones que se crearen.
Finalmente permítaseme una reflexión personal:
Si por razones especificas, geográficas o de organización y falta de personal, en alguna jurisdicción, aún no se gozara de todos los beneficios señalados, porqué no trabajar coordinadamente para lograr que también allí los recibiera, como sucedió para los institutos “transferidos” desde1947 a 1992, entre la sanción de las leyes 13.047 y 22.049, según ya se ha comentado.
Carlos José Galli
Secretario Ejecutivo
Coordiep

 

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